Colombia, que posee una de las hidrografías más ricas del mundo, dio un significativo paso en la protección de sus raudales al reconocer al río Cauca, el segundo en importancia del país, como "sujeto de derechos" a la protección y la conservación.

En un fallo considerado "histórico" por los ambientalistas, el Tribunal Superior de Medellín determinó que "el río Cauca, su cuenca y sus afluentes", que riegan 180 municipios de siete departamentos, son sujetos de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración.

Tales acciones estarán "a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Estado".

La decisión fue tomada luego de evaluar una tutela instaurada por el senador Juan Luis Castro, del Partido Alianza Verde, y el activista Diego David Ochoa.

En la sentencia, el Tribunal ordenó al Gobierno nacional ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del río, en conjunto con las comunidades.

De esta forma, el Cauca contará en adelante con los denominados "Guardianes del río" y la Procuraduría General deberá coordinar y realizar una audiencia en la que se efectúe la elección de los mismos.

El Cauca, que pasa por las cordilleras central y occidental antes de desembocar en el Magdalena, el principal río del país, nace en la Laguna del Buey, en el departamento del Cauca, ubicado en el suroeste del país.

"Con una cuenca hidrográfica de 63.300 kilómetros cuadrados y una longitud de 1.350 kilómetros, el río Cauca es un eje ambiental de enorme importancia para el Estado y para cientos de miles de personas", indicó Castro a periodistas.

El caudaloso Cauca experimentó el pasado mes de febrero una emergencia ambiental de grandes proporciones por el cierre de una compuerta en la hidroeléctrica en construcción de Ituango, en el departamento de Antioquia, que redujo su lecho aguas abajo de la presa a un valle de piedras y arena en el que los peces agonizaron por montones.

El desastre ecológico tuvo un impacto negativo en la economía de los ribereños que obtienen su sustento de la pesca y mantuvo en vilo a los municipios de Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Cáceres y Tarazá, todos situados a orillas del Cauca.

Según informaron las autoridades en ese momento, la situación dejó al menos 39.965 peces muertos mientras que 146.894 fueron rescatados y liberados.

Hidroituango está en emergencia desde mayo de 2018 debido a diversos problemas geológicos y estructurales que obligaron a EPM a implantar medidas de contingencia como la inundación de la casa de máquinas para evitar que las aguas del Cauca rompieran la presa en construcción.

Otro avance en la protección de los ríos colombianos tuvo lugar el pasado 7 de junio, cuando el Tribunal Administrativo del departamento del Tolima, en el centro del país, ordenó el cese definitivo de las actividades mineras en las cuencas de los ríos Combeima, Cocora y Coello.

La autoridad instó también a la creación de un Parque Nacional Natural, un santuario o una reserva para proteger dichas fuentes hídricas.

El fallo determinó declarar solidariamente responsables a los ministerios de Minas y Energía y al de Ambiente, así como a la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a las compañías AngloGold Ashanti Colombia S.A, Continental Gold Ltda. y Oro Barracuda Ltda de todos los perjuicios y daños causados como consecuencia del ejercicio de los 23 contratos de exploración minera en las cuencas de los tres ríos.

En 2017 Colombia ya había tomado una decisión trascendental mediante la sentencia T-622, con la que la Corte Constitucional reconoció al río Atrato, que recorre gran parte del selvático departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, "como sujeto de derechos" y elemento fundamental en la vida de los pobladores de la zona que dependen totalmente de él.

EFE